**La Fiscalía reconoce indicios penales en la gestión del Hospital de Torrejón y remite el caso al juzgado para su investigación judicial**
La Fiscalía de Alcalá de Henares ha dado un paso decisivo en el asunto del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, al considerar que los hechos denunciados podrían constituir delito de prevaricación administrativa, tipificado en los artículos 404 y siguientes del Código Penal. En consecuencia, el Ministerio Público ha decidido judicializar las diligencias y enviar toda la documentación al Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, donde ya se encuentran abiertas actuaciones por los mismos hechos.
Esta decisión supone un nuevo revés judicial para la concesionaria del centro, el grupo sanitario Ribera Salud, tras el escándalo revelado en diciembre por una investigación de *El País*. En dicha investigación se difundieron audios internos en los que directivos del grupo supuestamente instaban a rechazar pacientes, alargar listas de espera y reducir intervenciones quirúrgicas con el objetivo de incrementar los beneficios económicos del hospital entre 4 y 5 millones de euros.
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### Acumulación de denuncias y remisión al juzgado
Según el decreto de la fiscal investigadora, al que ha tenido acceso *ElPlural.com*, los hechos denunciados “pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación”, lo que motivó inicialmente la apertura de diligencias de investigación preprocesal. Al comprobarse que ya existían diligencias en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, la Fiscalía decidió archivar la investigación preprocesal y remitir toda la documentación para su acumulación al procedimiento judicial en curso.
Concretamente, la Fiscalía de Alcalá ha acordado acumular las denuncias presentadas por el letrado Javier Flores con las previamente interpuestas por el PSOE de Madrid y la Asociación El Defensor del Paciente, al considerar que todas se refieren a los mismos hechos y a una posible dinámica irregular en la gestión del centro sanitario.
Las actuaciones se originan a partir de una denuncia del PSOE que señalaba presuntas irregularidades en la gestión del hospital, supuestamente orientadas a manipular la actividad asistencial para maximizar el rendimiento económico en detrimento de la adecuada prestación del servicio sanitario a la ciudadanía. A estas denuncias se sumaron otras posteriores por los mismos hechos, lo que llevó a la Fiscalía a valorar la posible existencia de una actuación administrativa arbitraria, elemento central del delito de prevaricación.
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### El origen del caso: audios y primeras denuncias
El primer movimiento judicial tuvo lugar en diciembre, un día después de que se hicieran públicos los audios del CEO de Ribera Salud. El abogado Javier Flores presentó entonces una denuncia solicitando la apertura de diligencias, la toma de declaraciones a los responsables y el requerimiento a la Comunidad de Madrid de los expedientes de supervisión, inspección y control contractual del hospital.
Posteriormente, el PSOE de Madrid amplió la acusación con una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el director general de Ribera Salud, Pablo Gallart, por presuntas irregularidades en la gestión del Hospital Universitario de Torrejón. El partido señaló una posible omisión de los deberes de supervisión por parte de la Comunidad de Madrid y apuntó a delitos de prevaricación administrativa, corrupción en los negocios, delitos contra la salud pública y denegación discriminatoria de prestaciones públicas.
Más Madrid también presentó denuncia ante la Fiscalía, solicitando la investigación de Ribera Salud y de la Comunidad de Madrid por la posible comisión de hasta seis delitos vinculados al funcionamiento de este hospital de titularidad pública y gestión privada.
A estas denuncias se sumó la presentada por la Asociación El Defensor del Paciente, que reclamó investigar una posible reutilización de material sanitario de un solo uso, práctica denunciada por trabajadores del centro y que, de confirmarse, abriría un nuevo frente penal.
### Un caso que entra de lleno en sede judicial
Con la remisión de todas las actuaciones al Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz, el caso pasa plenamente al ámbito judicial. Será ahora el juzgado quien determine si existen responsabilidades penales en la gestión del hospital y si las prácticas denunciadas vulneraron los derechos de los pacientes y el correcto uso de los recursos públicos.
Este proceso, más allá de su dimensión judicial, vuelve a poner bajo el foco el modelo de gestión privada de servicios sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid y el papel de los mecanismos de control y supervisión administrativa.