**El juicio al empresario, pareja de Ayuso, se aplaza a 2027, alejándolo de las elecciones y manteniendo vivo un caso políticamente incómodo en Madrid**
La Justicia ha establecido, aunque sin fijar una fecha exacta, que el proceso judicial contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se celebrará antes de mediados de 2027. Con esa dilación, el juicio queda fuera del calendario de las próximas elecciones autonómicas y generales, salvo que se produzcan adelantos electorales.
La información, confirmada por Cadena SER, descarta cualquier resolución a corto plazo. Los órganos judiciales aún no han fijado día para la vista oral, pero han dejado claro que 2026 está descartado, prolongando un procedimiento que se ha convertido en uno de los más mediáticos de los últimos años por su vínculo inevitable con la presidenta regional.
### Un proceso penal con gran proyección política
González Amador está acusado de dos delitos de fraude fiscal, falsedad en documento público y pertenencia a organización criminal. Se trata de una causa penal ordinaria que no implica a ningún cargo público, pero cuya dimensión política es innegable por la relación sentimental con Ayuso.
Tanto el entorno judicial como el Gobierno regional enfatizan que la presidenta no está imputada y que no existen indicios de que haya favorecido directa o indirectamente los intereses económicos de su pareja. No obstante, el caso ha traspasado el ámbito penal y se ha convertido en un tema central del debate político madrileño y nacional.
La oposición lo utiliza como argumento para cuestionar la idoneidad del Ejecutivo autonómico y el discurso fiscal de Ayuso, mientras que el Partido Popular insiste en separar la esfera personal de la política y denuncia lo que considera una utilización partidista de un proceso judicial en curso. En este enfrentamiento de narrativas, el “novio de Ayuso” se ha convertido en una etiqueta mediática que simplifica y amplifica un caso complejo.
El aplazamiento del juicio no elimina la presión política, sino que la difiere, alejando cualquier resolución judicial de los próximos ciclos electorales y manteniendo el debate en el terreno de la confrontación política y mediática.
### Tres años de desarrollo desde que estalló el caso
Cuando finalmente se celebre la vista oral, habrán transcurrido al menos tres años desde que, en 2024, surgieron las primeras informaciones que colocaron a González Amador en el centro de la atención pública. Aquellas revelaciones marcaron un antes y un después, no solo para el empresario, sino también para la imagen pública de la presidenta madrileña, quien ha tenido que convivir con un asunto incómodo en su entorno más cercano.
Desde entonces, el procedimiento ha avanzado con lentitud pero de forma constante, entre diligencias, recursos y decisiones procesales que han ido marcando el calendario informativo. Cada nuevo paso ha sido examinado minuciosamente por los medios y empleado políticamente, tanto para exigir explicaciones como para denunciar una supuesta persecución.
La vida personal de la pareja tampoco ha escapado al escrutinio público. Viajes, apariciones y silencios han sido interpretados en clave política, como la escapada navideña a Uruguay, que se convirtió en uno de los episodios más comentados del último año. Este caso ejemplifica cómo un proceso penal puede desbordar el ámbito judicial y asentarse en la conversación pública cotidiana.
### Juzgados de lo penal y un caso que seguirá vigente
El procedimiento se tramita en los juzgados de lo penal de Madrid, y no en la Audiencia Provincial, un detalle técnico pero relevante. La causa no supera el umbral de 600 000 euros, que obligaría a elevarla a un órgano judicial superior. Este aspecto ha sido usado en el debate público: algunos argumentan que resta gravedad al caso, mientras que otros sostienen que no desvirtúa la existencia de varios delitos que deberán ser juzgados.
Hasta la celebración del juicio, el proceso quedará en un segundo plano judicial, pero seguirá muy presente en la política madrileña. Cada novedad procesal, por mínima que sea, volverá a centrar la atención en el entorno personal de la presidenta y reavivará un debate que parece lejos de apagarse.
El aplazamiento hasta 2027 otorga un margen político al Gobierno regional, pero no resuelve la incógnita de fondo. El desenlace judicial llegará, probablemente en un contexto político distinto al actual. Mientras tanto, el caso de Alberto González Amador continuará funcionando como ruido de fondo permanente, demostrando que algunas historias, aunque se retrasen, eventualmente encuentran su momento.