El inicio del año ha puesto de relieve un nuevo debate político en la Comunidad de Madrid, centrado en la violencia de género y la seguridad municipal. El delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, ha enviado una carta a los alcaldes y alcaldesas de 34 municipios para invitarles a incorporarse al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (VioGén). La medida ha suscitado una respuesta inmediata y muy crítica de la presidenta de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, quien ha calificado al delegado de “hipocresía política”.
La misiva, remitida este jueves, está dirigida a ayuntamientos que cuenten con al menos ocho agentes de Policía Local, requisito que la Delegación del Gobierno considera indispensable para participar en el sistema. En ella, Martín insta a los regidores a “valorar” la adhesión a VioGén junto a sus equipos de gobierno y a los servicios municipales, describiéndolo como una herramienta “esencial para la valoración del riesgo, el seguimiento de casos y la protección efectiva de las víctimas de violencia de género”.
Entre los municipios destinatarios se incluyen Ajalvir, El Álamo, Algete, Alpedrete, Arroyomolinos, El Boalo, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Chinchón, Cobeña, El Escorial, Fuente el Saz de Jarama, Galapagar, Griñón, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Humanes de Madrid, Loeches, Meco, El Molar, Los Molinos, Morata de Tajuña, Navacerrada, Navalagamella, Paracuellos de Jarama, San Lorenzo de El Escorial, Sevilla la Nueva, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Torrelodones, Valdemorillo, Valdemoro, Villanueva de la Cañada y Villarejo de Salvanés.
La carta también fue enviada a la propia presidenta de la FMM, Judith Piquet, lo que ha convertido la iniciativa en un enfrentamiento directo entre ambas instituciones. Martín fundamenta su petición en los datos de violencia machista del año pasado: 46 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas, cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid. Según él, esas cifras “evidencian la magnitud del desafío” y exigen una respuesta “integral, sostenida y coordinada” por parte de todas las administraciones.
El delegado sostiene que la incorporación de las policías locales a VioGén tiene un “impacto directo” en la vida de las víctimas, al mejorar la detección de situaciones de riesgo y acelerar la respuesta policial. En la carta también destaca la disposición de la Guardia Civil para firmar protocolos de actuación adaptados a la realidad de cada municipio y solicita a los ayuntamientos que designen a una persona de “enlace municipal” para coordinar el proceso con la Delegación del Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado. Ese enlace participaría en reuniones técnicas, presenciales o telemáticas, con el fin de aclarar dudas y facilitar la implantación del sistema.
La reacción de la FMM no se hizo esperar. Judith Piquet denunció públicamente la “hipocresía política” del delegado, acusándolo de exigir actuaciones a los ayuntamientos mientras, a su juicio, no cumple con sus propias competencias en materia de seguridad ciudadana. La alcaldesa de Alcalá de Henares señaló la falta de efectivos estatales en muchos municipios y las condiciones materiales en que trabajan la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Piquet recordó que gran parte de los municipios a los que se dirige la carta “no cuentan con suficientes efectivos de Policía Nacional o Guardia Civil, carecen de medios materiales adecuados y no disponen de instalaciones dignas para que los agentes desarrollen su labor con normalidad”. En ese contexto, sostuvo que la seguridad ciudadana es una competencia exclusiva del Gobierno de España y criticó fallos recientes de planificación en eventos de gran afluencia, donde, según afirmó, se produjeron refuerzos de urgencia y problemas de cobertura policial.
Además, la presidenta de la FMM criticó la falta de reacción del delegado ante problemas detectados en recursos clave de protección a las víctimas. “No le hemos oído pronunciarse cuando han fallado de forma reiterada las pulseras telemáticas de protección, ni le hemos visto exigir al Ministerio la renovación o sustitución de esos dispositivos que están poniendo en riesgo a las víctimas”, indicó.
En conclusión, el debate sobre la adhesión a VioGén trasciende el plano técnico para situarse plenamente en el terreno político, con un intercambio de reproches entre la Delegación del Gobierno y los municipios madrileños. Mientras Martín insiste en la necesidad de integrar a las policías locales en un sistema estatal de coordinación contra la violencia machista, Piquet y la FMM reclaman más recursos, mejores medios y un mayor compromiso del Gobierno central antes de imponer nuevas exigencias a los ayuntamientos. El conflicto está abierto y, por el momento, no parece que se resolverá mediante una simple carta.